El pasado jueves fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Aguas, normativa que introduce cambios relevantes en la gestión del recurso hídrico y en el reconocimiento del derecho humano al agua en México. Entre las disposiciones que han generado mayor atención se encuentra la prohibición del corte total del suministro de agua potable por falta de pago.

En el capítulo segundo, artículo 9, la ley establece que los organismos operadores no podrán suspender completamente el servicio de agua potable ni de saneamiento por razones de adeudo. En su lugar, deberán garantizar el suministro de una cantidad mínima destinada al consumo humano básico.

"El suministro de agua potable no podrá ser suspendido por falta de pago; en todo caso, se deberá asegurar la cantidad mínima necesaria para el consumo humano", señala el texto legal.

La reforma busca dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano. En ese sentido, la nueva legislación define que dicho acceso debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible, es decir, que no comprometa el ejercicio de otros derechos fundamentales.

La ley también incorpora principios jurídicos novedosos, como el denominado In Dubio Pro Aqua, el cual establece que, ante cualquier duda en la interpretación o aplicación de la norma, la decisión deberá favorecer el acceso al agua.

Otro de los aspectos que ha generado debate público es la obligación de garantizar agua suficiente para una menstruación digna, con prioridad para niñas, adolescentes y personas menstruantes, como parte de un enfoque de derechos y salud pública.

Entre los cambios clave, la Ley General de Aguas establece que la gestión del recurso deberá incorporar perspectiva de género, interculturalidad y paridad obligatoria en los espacios de toma de decisiones. Asimismo, reconoce formalmente a los Sistemas Comunitarios de Agua, particularmente en zonas rurales donde las comunidades administran y distribuyen el recurso sin fines de lucro.

La nueva normativa también distribuye responsabilidades entre la Federación, los estados y los municipios, contempla la creación de reglas para la captación de agua de lluvia y establece el principio de progresividad, que impide a las autoridades reducir los niveles de acceso o los derechos ya alcanzados en materia de agua.

La entrada en vigor de esta ley ha abierto un debate entre autoridades, especialistas y usuarios sobre su implementación, viabilidad financiera y el impacto que tendrá en los sistemas operadores y en el acceso equitativo al agua en el país.