Jani Silva se sienta dentro de la casa de madera que construyó a orillas del río Putumayo, en Colombia, una casa en la que no ha dormido en más de ocho años.

La veterana activista ambiental ha recibido amenazas por su trabajo, que incluye proteger parte de la Amazonía de la explotación petrolera y minera. Describe una tensa huida una noche por una ventana trasera después de que miembros de la comunidad le avisaran de que había hombres armados afuera.

Desde que me fui por las amenazas, tengo miedo... de que no sea seguro vivir aquí, declaró. Ahora solo viene para breves visitas diurnas acompañadas de otras personas. Las dos veces que he intentado volver y quedarme, he tenido que huir.

Activistas como Silva enfrentan graves riesgos en Colombia, el país más peligroso del mundo para quienes protegen la tierra y los bosques. Global Witness, un organismo internacional que monitorea los ataques contra activistas, registró 48 asesinatos en Colombia en 2024, casi un tercio de todos los casos a nivel mundial.

Colombia afirma proteger a los activistas a través de su Unidad Nacional de Protección, que proporciona escoltas y otras medidas de seguridad. Las autoridades también señalan como señales de progreso las recientes sentencias judiciales que reconocen los derechos de la naturaleza y una mayor supervisión ambiental.