
Doce congresos estatales han aprobado la reforma constitucional que coloca a la Guardia Nacional (GN) bajo la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Entre los estados que han dado su aval se encuentran Ciudad de México, Tabasco, Zacatecas y Quintana Roo. Esta reforma también incluye el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, lo que refuerza su protección legal.
Aprobación de la reforma en 12 congresos estatales
El respaldo de estos doce congresos es un paso significativo en el proceso de validación de la reforma, ya que para que sea declarada constitucional, se necesita la aprobación de al menos 17 legislaturas locales. Este movimiento busca consolidar la estructura de la Guardia Nacional, permitiendo que opere bajo un esquema más integrado con las fuerzas armadas del país.
Guardia Nacional bajo control militar
La reforma que adscribe a la Guardia Nacional a la Sedena ha sido tema de debate a nivel nacional. Para sus defensores, esta medida fortalece las capacidades operativas y de respuesta de la Guardia Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, ha generado preocupaciones entre quienes temen una posible militarización de la seguridad pública, algo que ha sido ampliamente discutido en el Congreso y la opinión pública.
Reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos
Junto con la reforma de la Guardia Nacional, se aprobó el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, lo que representa un avance importante en la inclusión de estas comunidades. Este reconocimiento otorga mayor protección a sus derechos culturales, sociales y territoriales, asegurando su participación en las decisiones que afectan sus regiones y modos de vida.
El camino hacia la constitucionalidad
Aunque ya se cuenta con el respaldo de doce congresos, la reforma requiere al menos cinco aprobaciones más para alcanzar las 17 necesarias. Una vez logrado, las enmiendas serán declaradas constitucionales y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, formalizando los cambios en la estructura de la seguridad pública y los derechos de las minorías.
Con estos avances, se espera que el proceso de implementación de la reforma continúe, lo que podría tener un impacto significativo en la seguridad nacional y en el reconocimiento de los derechos indígenas y afromexicanos, posicionando a México en una nueva etapa de desarrollo institucional.