Una propuesta del Gobierno federal plantea cobrar una remuneración por copia privada en dispositivos electrónicos, una medida que podría repercutir en el precio final de celulares, computadoras y discos duros.
Una propuesta del Gobierno mexicano podría modificar el precio de algunos dispositivos electrónicos vendidos en el país. El proyecto plantea establecer una cuota del 2% para equipos capaces de reproducir o almacenar información, entre ellos celulares, computadoras y discos duros, con el propósito de compensar económicamente a los titulares de derechos de autor.
La medida está relacionada con el concepto de copia privada, que contempla reproducciones realizadas para uso personal y sin fines comerciales. El proyecto busca reconocer económicamente a autores, compositores e intérpretes cuando sus obras se reproducen en dispositivos electrónicos, incluso si esas copias no generan ingresos directos.
De acuerdo con el documento conocido por EL PAÍS, el cobro se realizaría una sola vez por dispositivo, durante su primera importación o comercialización en México. La obligación recaería sobre importadores o comerciantes, aunque existe preocupación de que esos costos terminen trasladándose al consumidor mediante precios más elevados.
Los defensores de la propuesta argumentan que el derecho a recibir una remuneración por copia privada está reconocido en la legislación mexicana desde 1997. Sin embargo, consideran que durante décadas no se ha establecido un mecanismo suficiente para hacer efectivo ese derecho, por lo que buscan completar su regulación.
Representantes de la industria tecnológica y comercial han advertido que la cuota podría encarecer los productos y generar presiones inflacionarias. La discusión enfrenta dos intereses: garantizar una compensación para los creadores y evitar que la adquisición de herramientas tecnológicas resulte más costosa para las familias y las empresas.
El proyecto contempla excepciones para equipos destinados a exportación, utilizados por el sector público o empleados en actividades industriales y profesionales. También propone una comisión de supervisión para transparentar la recaudación y distribución de los recursos entre los titulares de derechos, aunque los detalles finales todavía están sujetos a revisión.
La medida todavía debe superar distintos filtros jurídicos y administrativos, incluidos los análisis correspondientes de las autoridades federales. Por eso, la cuota no debe presentarse como un cobro ya vigente. Su posible aplicación dependerá de la validación definitiva y de las decisiones que tome el Ejecutivo mexicano.
