Estados Unidos y nueve países latinoamericanos expresaron su rechazo a la orden de arresto dictada por un tribunal de Venezuela contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude en las elecciones presidenciales de julio y reivindica su triunfo.

La reacción internacional se produjo el martes 3 de septiembre de 2024, luego de que el gobierno venezolano emitiera una orden de aprehensión en su contra, provocando un fuerte rechazo por parte de varias naciones que calificaron el hecho como persecución política.

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto a través de la cancillería ecuatoriana, condenando la orden de detención. Rechazamos de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto emitida el lunes contra González Urrutia, señalaron, subrayando que los cargos imputados al opositor son un intento de silenciarlo y desconocer la voluntad popular de los venezolanos. Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, constituye persecución política, añadieron.

La postura de estos países resalta la preocupación de la comunidad internacional por la creciente represión contra la oposición en Venezuela, una situación que se ha intensificado tras los controvertidos comicios en los que el actual presidente Nicolás Maduro fue declarado vencedor entre acusaciones de fraude. Antes de este pronunciamiento, Chile también había instado al gobierno venezolano a cesar la represión y a respetar los derechos de los opositores.

Estados Unidos, por su parte, se sumó a la condena internacional, calificando la orden de detención contra González Urrutia como injustificada. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina reafirmó el apoyo de su país al candidato opositor, destacando que la administración de Maduro continúa violando los principios democráticos y persiguiendo a quienes se atreven a cuestionar los resultados oficiales de las elecciones.

La respuesta de estos países refleja una creciente tensión diplomática con Venezuela, mientras la comunidad internacional sigue exigiendo respeto a los procesos democráticos y el cese de la persecución a líderes opositores. La situación plantea un desafío para el gobierno de Maduro, que enfrenta no solo la presión interna, sino también el repudio de importantes aliados en la región y a nivel global. La crisis política en Venezuela sigue siendo un tema de preocupación y debate en el ámbito internacional, con llamados a la protección de los derechos humanos y la restauración de la democracia en el país.