A tan solo unas semanas de que concluya su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se prepara para impulsar un rediseño completo del Poder Judicial. 

Según un análisis del The New York Times, esta reforma es parte del legado que el mandatario busca dejar antes de cerrar su sexenio. El ajuste, descrito como drástico por críticos y analistas, podría llevar a la renuncia de más de 5 mil jueces, desde tribunales locales de distrito hasta la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El anuncio ha generado un intenso debate en el país. Por un lado, sus detractores señalan que esta reforma es una maniobra de López Obrador para concentrar más poder, debilitar la independencia del Poder Judicial y expandir la influencia de su movimiento político. Por otro lado, el presidente defiende su propuesta argumentando que es un paso necesario para combatir la corrupción sistémica y restaurar la confianza ciudadana en la justicia mexicana.

El rediseño también podría tener un impacto significativo en el equilibrio de poderes del país, lo que ha suscitado reacciones de preocupación entre juristas, académicos y organismos internacionales. Muchos de ellos temen que la propuesta pueda abrir la puerta a un control político más directo sobre el Poder Judicial, alterando su papel como contrapeso del poder ejecutivo.

Además, esta reforma llega en un contexto político tenso, en el que el presidente ha mantenido un discurso crítico hacia el Poder Judicial, al que ha acusado reiteradamente de actuar con parcialidad y de estar vinculado con intereses económicos y políticos contrarios a su administración. Los próximos días serán decisivos para conocer el alcance real de esta propuesta y sus implicaciones para el futuro de la justicia en México.