Este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) dieron inicio a un paro indefinido de labores en protesta contra la reforma judicial que ha generado gran controversia en diversos sectores.

La movilización ha alcanzado a varios estados de la república, incluyendo Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tabasco, Puebla, Chetumal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Nayarit.

En la Ciudad de México, las principales sedes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) permanecen cerradas, lo que ha afectado el funcionamiento de instalaciones clave como Revolución 1508, San Lázaro, Periférico 1950, Periférico 2321, los juzgados del Reclusorio Sur y Ajusco. Este cierre ha generado incertidumbre entre los ciudadanos que dependen de estos servicios, complicando la gestión de asuntos judiciales en la capital del país.

El paro ha sido motivado por el descontento de los trabajadores frente a las modificaciones propuestas en la reforma judicial, las cuales, consideran, podrían afectar tanto sus derechos laborales como la independencia y eficacia del sistema judicial en México. Las reformas han sido objeto de debate, con críticos que advierten sobre posibles retrocesos en la autonomía del Poder Judicial y sus capacidades para impartir justicia de manera imparcial.

Los trabajadores del PJF han señalado que su movimiento no solo busca proteger sus condiciones laborales, sino también preservar la integridad del sistema de justicia en el país. Hasta el momento, no se ha alcanzado un acuerdo con las autoridades, y el paro continúa indefinidamente, afectando múltiples áreas del servicio judicial.

La situación ha generado reacciones mixtas entre los distintos actores políticos y sociales, algunos de los cuales han expresado su apoyo a los trabajadores, mientras que otros han llamado a buscar soluciones a través del diálogo para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía. El desarrollo de esta protesta será crucial en los próximos días, ya que podría influir en el curso de la reforma judicial y en la forma en que se aborden las demandas de los trabajadores del PJF.

En tanto, la población se enfrenta a la incertidumbre de cómo se resolverán sus casos judiciales pendientes y a las posibles demoras en la administración de justicia. Las autoridades han reiterado su disposición a dialogar, pero hasta el momento no se han dado señales claras de una resolución cercana al conflicto.