La respuesta de los gobiernos a los migrantes en un contexto de creciente estigmatización hacia los foráneos, a los que se les suele responsabilizar de los males sociales locales en los Estados Unidos, ha devenido en justificación para aprobar leyes antiinmigración, implementar políticas de seguridad cuestionables y militarizar sus fronteras para detener los flujos ilegales.

El argumento que se esgrime es que los extranjeros, en su mayoría en condiciones de pobreza y que provienen de los países del Sur, son responsables del incremento de la criminalidad.

Medios de comunicación, gobiernos y líderes políticos suelen hacerse eco de esta aparente causalidad, pese a que de momento no existen datos que la comprueben, algo que ha sido denunciadoinsistentemente por diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional.