El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en Oaxaca y que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, ha puesto nuevamente en el centro del debate público las irregularidades financieras y administrativas detectadas en este proyecto desde años anteriores por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con informes de fiscalización correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico acumuló observaciones por posibles daños al erario que superan los 33 millones 585 mil pesos. Estas observaciones derivan de pagos por obras no acreditadas, sobrecostos y presunta existencia de personal que no pudo ser comprobado en campo.

En la Cuenta Pública 2020, la ASF identificó pagos por letreros normativos de obra que no pudieron ser localizados ni comprobados, pese a que la empresa responsable argumentó que habían sido objeto de vandalismo. Asimismo, se detectaron pagos excedentes por suministro de balasto material utilizado para sostener las vías en el tramo La MataColonia Jordán, donde el volumen cobrado fue mayor al realmente colocado.

La auditoría también documentó sobrecostos por rieles de mayor peso y precio que, según las inspecciones, no fueron instalados en la obra. En el tramo UberoMogoñé, se entregó un anticipo de 187.9 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento del contrato, sin que existiera evidencia de que los trabajos hubieran iniciado ni documentación que acreditara el uso adecuado de los recursos.

Las observaciones continuaron en la Cuenta Pública 2023, donde la ASF reportó pagos en exceso por 28.8 millones de pesos que permanecen sin aclaración. El mayor monto observado, de 17.6 millones de pesos, corresponde a un contrato en el que se inflaron costos de mano de obra y maquinaria, incluyendo cuadrillas, locomotoras y camiones que no aparecieron en reportes técnicos ni en evidencia fotográfica.

Otro de los señalamientos fue el denominado riel fantasma, en el que se pagó por rieles de mayor peso y costo, aunque en la obra se colocaron otros de menor especificación. A pesar de que se argumentó un error administrativo, la ASF mantuvo la observación al no justificarse la diferencia económica.

Tras el reciente accidente ferroviario, las auditorías previas han cobrado mayor relevancia en el ámbito público. Mientras continúan las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento, las observaciones financieras y técnicas realizadas por el órgano fiscalizador abren cuestionamientos sobre la ejecución, supervisión y control del proyecto a lo largo de los últimos años.