El reciente hallazgo de un campo de "adiestramiento y exterminio" en Teuchitlán, Jalisco, ha dejado al descubierto una grave realidad de violencia organizada en México, confirmando el modus operandi de los grupos criminales. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos han solicitado una investigación inmediata y transparente por parte de las autoridades federales y estatales.
Decenas de colectivos y organizaciones de derechos humanos firmaron un pronunciamiento en el que instan al Gobierno Federal a asumir la responsabilidad de la investigación sobre el campo de exterminio descubierto en Teuchitlán, Jalisco. A través de este comunicado, los grupos exigen que se lleve a cabo una investigación independiente y sin interferencias, en la que se identifiquen y sancionen a los responsables de las omisiones y encubrimiento que, aseguran, rodearon el caso.
En su declaración, los colectivos destacan que el hallazgo refuerza el contexto de violencia generalizada que afecta a varias regiones del país, y subrayan el "modus operandi" del crimen organizado, que incluye desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la posible complicidad de autoridades estatales y municipales.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, se unió a las voces que señalan la posible complicidad de autoridades locales en el funcionamiento del campo de exterminio. Gertz Manero expresó que "no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales del municipio y del estado", haciendo referencia a la magnitud de la operación criminal y el tiempo que estuvo en funcionamiento.
A pesar de este señalamiento, la Fiscalía de Jalisco, que ha estado involucrada en la investigación, no ha emitido opiniones sobre las acusaciones de complicidad por parte de funcionarios o policías. El gobierno estatal ha afirmado que investiga posibles omisiones de autoridades, pero aún no ha confirmado si hubo colaboración de autoridades en el crimen organizado.
El campo de exterminio fue descubierto inicialmente en septiembre de 2024 durante un operativo realizado por la Guardia Nacional. Aunque se detuvieron a 10 personas, un número no determinado logró escapar. Tras ese operativo, el sitio permaneció asegurado por la Fiscalía de Jalisco, aunque la falta de seguimiento y la aplicación de los protocolos adecuados de exhumación de fosas clandestinas ha sido objeto de críticas por parte de los colectivos de derechos humanos.
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tras recibir una llamada anónima, logró ingresar al sitio en Teuchitlán y encontró numerosas pertenencias personales como ropa, zapatos, mochilas, identificaciones y listas con nombres y apodos. También se descubrió la existencia de al menos tres hornos crematorios, en los que se encontraron restos óseos incinerados.
El caso de Teuchitlán se enmarca en un panorama de creciente violencia y desapariciones forzadas en México. Según la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal, hasta el 12 de marzo de 2025, se registraron 123.927 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Jalisco es el estado con la mayor cantidad de desaparecidos, con más de 15.000 personas en esta situación.
El problema de las desapariciones forzadas se agudizó a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón emprendió la llamada "guerra contra el narcotráfico". Desde entonces, la violencia relacionada con los cárteles de la droga y el crimen organizado ha afectado gravemente a diversas regiones del país.
La mandataria Claudia Sheinbaum se refirió al caso en su conferencia de prensa del 12 de marzo, anunciando que la Fiscalía federal, en colaboración con el gobierno de Jalisco, investigará lo sucedido en el sitio de Teuchitlán y se deslindarán las responsabilidades correspondientes. La representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, destacó que la existencia de estos centros de reclutamiento forzado y exterminio era un "secreto a voces" y que el hallazgo en Jalisco es solo la punta del iceberg de una red mucho más grande.
Este hallazgo ha puesto de relieve la grave situación de violencia y desapariciones que enfrenta México, con el crimen organizado operando con aparente impunidad, en muchos casos con la complicidad de autoridades locales. Los colectivos y defensores de derechos humanos continúan exigiendo una investigación a fondo y que se haga justicia para las víctimas de desapariciones forzadas.
El gobierno mexicano y las autoridades federales tienen una responsabilidad crucial en el esclarecimiento de estos hechos y en el fortalecimiento de las investigaciones para prevenir que casos como el de Teuchitlán se repitan en el futuro.
