Operadores advierten que el alza de 1.50 pesos no cubre costos de mantenimiento, seguridad ni mejora laboral en el transporte público

Operadores del transporte público concesionado solicitaron al gobierno de la Ciudad de México la implementación de subsidios para garantizar la continuidad y calidad del servicio, al considerar que el reciente aumento de 1.50 pesos a la tarifa resulta insuficiente para cubrir los costos reales de operación, mantenimiento de las unidades y mejora de las condiciones laborales de los conductores.

De acuerdo con los permisionarios, el incremento sostenido en los precios de insumos como llantas y refacciones que en algunos casos ha alcanzado hasta 300 por ciento ha obligado a muchos concesionarios a utilizar piezas de segunda mano, lo que impacta en la seguridad y calidad del servicio. Ricardo Chávez, permisionario con amplia trayectoria en el sector, señaló que el ajuste tarifario no permite realizar un mantenimiento correctivo adecuado ni adquirir refacciones nuevas.

Actualmente, una llanta nueva para microbús tiene un costo aproximado de tres mil pesos, lo que lleva a muchos operadores a optar por llantas renovadas de menor precio, una práctica que contribuye al deterioro gradual de la flota vehicular.

A esta situación se suma la disminución en la demanda. Los operadores indicaron que una unidad transporta en promedio entre 250 y 300 pasajeros diarios, cifra que consideran insuficiente para alcanzar el punto de equilibrio financiero. Afirmaron que la tarifa se encuentra desfasada desde hace más de dos décadas y no cubre los costos de operación, mantenimiento ni renovación de unidades, lo que genera un ciclo de deterioro del servicio y pérdida de usuarios.

El rezago tarifario también limita la inversión en capacitación formal para los conductores. Eduardo Gutiérrez Silva explicó que, a diferencia de empresas estructuradas, en el modelo de hombre-camión los operadores dependen del ingreso diario y no pueden dejar de trabajar para asistir a cursos o certificaciones sin afectar sus ingresos.

Los concesionarios señalaron que una rentabilidad sostenida permitiría renovar los vehículos cada cinco años, periodo en el que la mayoría de las piezas alcanza el final de su vida útil. Con la tarifa actual, afirmaron, la renovación de la flota resulta inviable y requiere estabilidad financiera a largo plazo.

Ante este escenario, los operadores plantearon avanzar hacia una tarifa técnica basada en los costos reales de operación, salarios, mantenimiento y renovación de unidades, complementada con subsidios gubernamentales. La propuesta contempla el uso de tarjetas electrónicas que permitan mantener una tarifa accesible para los usuarios, mientras el gobierno cubre la diferencia del costo real del servicio, esquema que ya se aplica en otros sistemas de transporte público de la ciudad.